La Constitución y la "España de las autonomías".
Los regionalismos españoles luchan constantemente por aumentar el poder de sus gobiernos mediante la reforma de los estatutos de autonomía y la "asunción de competencias" (voy a referirme en exclusiva a aquellos que quieren las reformas de manera pacífica y respetando la ley).
En principio, tal y como están las cosas, sería conveniente que el debate que se realizara no fuera el de eliminar competencias del gobierno central y dar competencias a los regionales, sino reducir competencias de ambos, todo esto desde un punto de vista liberal. Mientras la discusión no se centre en lo primero (y no tiene aspecto de dejar de hacerlo) el poder de los gobiernos (autonómico y central) sobre la vida de los ciudadanos no para de aumentar de forma alarmante.
Desgraciadamente el problema parece hallarse en nuestra propia Constitución, no sólo porque está plagada de derechos positivos y por tanto subjetivos, sino por la constante lucha por el poder político que está en su naturaleza, por dos cuestiones:
1ª) No define apenas límites a las competencias que pueden ser transpasadas, con lo que siempre existirán reclamaciones insatisfechas, independientemente de las ya asumidas por los gobiernos regionales.
2ª) Prohibe un estado federal, impidiendo de este modo la efectiva igualdad de los españoles ante la ley. Ni siquiera existe una fórmula de financiación que se aplique por igual a todas las comunidades.
Es evidente que para los partidos regionales esta lucha constante es muy conveniente, porque les permite defender que en la realidad es posible obtener ventajas sobre el resto si tienen suficiente peso específico como para ser necesarios en la aprobación de leyes, negociación de transferencias, etc. En muchos casos no sólo resulta conveniente por un criterio de "utilidad" (poder conseguir para su región ventajas a costa del resto) sino porque su propia naturaleza depende de la reivindicación constante, como los nacionalistas.
Es evidente que en un estado federal, con definido e igual trato de todas las comunidades, la existencia de los partidos regionales dependería exclusivamente de su capacidad para gestionar mejor o peor las instituciones y empresas públicas. Sería más fácil también aceptar que las competencias pudieran moverse en ambos sentidos, y lo que es más importante, sería posible plantearse la eliminación de alguna de ellas.
P.D. Hablo de partidos regionales porque estos no necesariamente han de ser nacionalistas. Y de comunidades´y regionales porque, incluso en el ideario de los nacionalistas, hay algunas de ellas que no son naciones, ni pueblos, ni nada de nada, grave paradoja que algún día alguien nos aclarará, supongo.
P.D. y 2. Dos pequeñas notas sobre el "federalismo asimétrico" de Maragall, aparte de lo mencionado arriba. La primera es que me parece un término contradictorio, la segunda creo se trata de una de las (disculpenme de nuevo) gilipolleces más grandes que he oído. Este hombre ni siquiera disimula la verguenza que debiera sentir por defender, con razones en apariencia correctas, una insjusticia semejante.
En principio, tal y como están las cosas, sería conveniente que el debate que se realizara no fuera el de eliminar competencias del gobierno central y dar competencias a los regionales, sino reducir competencias de ambos, todo esto desde un punto de vista liberal. Mientras la discusión no se centre en lo primero (y no tiene aspecto de dejar de hacerlo) el poder de los gobiernos (autonómico y central) sobre la vida de los ciudadanos no para de aumentar de forma alarmante.
Desgraciadamente el problema parece hallarse en nuestra propia Constitución, no sólo porque está plagada de derechos positivos y por tanto subjetivos, sino por la constante lucha por el poder político que está en su naturaleza, por dos cuestiones:
1ª) No define apenas límites a las competencias que pueden ser transpasadas, con lo que siempre existirán reclamaciones insatisfechas, independientemente de las ya asumidas por los gobiernos regionales.
2ª) Prohibe un estado federal, impidiendo de este modo la efectiva igualdad de los españoles ante la ley. Ni siquiera existe una fórmula de financiación que se aplique por igual a todas las comunidades.
Es evidente que para los partidos regionales esta lucha constante es muy conveniente, porque les permite defender que en la realidad es posible obtener ventajas sobre el resto si tienen suficiente peso específico como para ser necesarios en la aprobación de leyes, negociación de transferencias, etc. En muchos casos no sólo resulta conveniente por un criterio de "utilidad" (poder conseguir para su región ventajas a costa del resto) sino porque su propia naturaleza depende de la reivindicación constante, como los nacionalistas.
Es evidente que en un estado federal, con definido e igual trato de todas las comunidades, la existencia de los partidos regionales dependería exclusivamente de su capacidad para gestionar mejor o peor las instituciones y empresas públicas. Sería más fácil también aceptar que las competencias pudieran moverse en ambos sentidos, y lo que es más importante, sería posible plantearse la eliminación de alguna de ellas.
P.D. Hablo de partidos regionales porque estos no necesariamente han de ser nacionalistas. Y de comunidades´y regionales porque, incluso en el ideario de los nacionalistas, hay algunas de ellas que no son naciones, ni pueblos, ni nada de nada, grave paradoja que algún día alguien nos aclarará, supongo.
P.D. y 2. Dos pequeñas notas sobre el "federalismo asimétrico" de Maragall, aparte de lo mencionado arriba. La primera es que me parece un término contradictorio, la segunda creo se trata de una de las (disculpenme de nuevo) gilipolleces más grandes que he oído. Este hombre ni siquiera disimula la verguenza que debiera sentir por defender, con razones en apariencia correctas, una insjusticia semejante.
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